jueves, 18 de noviembre de 2010

El llamado "Silogismo judicial"



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Cuando compramos una casa, alquilamos un piso, pedimos un préstamo, etc., estamos aplicando las normas del ordenamiento que regulan tales actuaciones; en ese proceso colaboran ciudadanos en general, abogados que elaboran contratos o notarios que redactan escrituras públicas. En numerosas ocasiones estas aplicaciones no generan problemas, porque se llevan a cabo de manera estandarizada. Sólo cuando se suscitan controversias se acude a los jueces; de ahí que la actuación de estos profesionales haya sido objeto de tanta atención por parte de los estudiosos de la metodología; en tales asuntos dificultosos han de entrar en juego argumentos contrapuestos y se hace visible la complejidad que a veces adopta la tensión entre lo general y lo particular en el derecho.

Sin embargo, no es la única clase de concreción de normas. No debemos olvidar el campo amplísimo de la decisión administrativa; pensemos en la concesión de becas, licencias de apertura, proyectos de investigación, etc. En bastantes ocasiones esas decisiones son mecánicas: si la norma establece que por debajo de un determinado nivel de renta la beca de estudios se concede sin más requisitos, el funcionario ha de conceder
la beca solicitada. Otras veces, la norma administrativa permite al órgano decisor una mayor discrecionalidad; en esos supuestos tampoco hay problemas con argumentos ni metodología, porque es la propia ley la que reconoce la entrada en acción de otro tipo deconsideraciones.

También hay que tener en cuenta que en la vida cotidiana no sólo se aplican normas procedentes del poder político. Los tratados internacionales, los contratos, los estatutos de una sociedad (todos ellos productos de la autonomía de la voluntad) o los testamentos producen pautas escritas que tienen carácter vinculante para los intervinientes en el negocio y que han de determinar el contenido de la relación; en consecuencia han de ser aplicadas y en ese proceso pueden aparecer las dificultades parecidas a las suscitadas por las normas generales contenidas en la legislación.

Durante mucho tiempo se ha descrito esa aplicación del derecho mediante el tipo de razonamiento lógico llamado silogismo. La forma más conocida es el denominado modus barbara que posee la siguiente estructura: premisa mayor-premisa menorconclusión.

Este esquema se ha querido trasladar al ámbito jurídico: La premisa mayor es la norma general; en ella se establece la descripción de un supuesto de hecho general, abstraído de la realidad concreta y se vincula a ese supuesto de hecho una consecuencia jurídica, que puede estar redactada de forma más o menos general. La premisa menor es un caso concreto en el que están presentes las características de la premisa mayor-norma general. Finalmente la conclusión es la decisión, bien sea la sentencia de un juez o el dictamen de un catedrático; en ella se concreta para ese caso la consecuencia jurídica redactada en la norma con carácter
general. Este esquema suele ejemplificarse mediante supuestos simples como el siguiente: la ley castiga el homicidio con la pena X; se ha producido el homicidio de un sujeto a manos de otro; éste es castigado con la pena X.

Esta descripción de la decisión jurídica tiene parte de verdad. En efecto, en nuestro orden jurídico las leyes deben ser la directriz básica para solucionar el caso. Por tanto, el esquema metódico estará basado en la presencia de una norma, la aparición del problema y la aplicación de la norma al problema. Pero esta estructura genérica necesita matices. Porque la utilización de un silogismo requiere previamente tener listas las
premisas y ésta no es una tarea tan sencilla, porque no siempre vienen dadas como pensaban ingenuamente los legalistas del XIX; al contrario, muchas veces han de ser construidas por el órgano decisorio. Es cierto que en algunos casos la sentencia judicial responde de manera muy precisa a esa estructura sin requerir elaboraciones especiales.

Son los casos llamados “isomorfos”, en los que el hecho concreto enjuiciado responde de manera muy precisa al supuesto de hecho de la norma, y ésta prescribe una consecuencia jurídica simple. Este tipo de casos son más frecuentes en el ámbito del Derecho Público. Los casos poco (o nada) problemáticos suelen consistir en asuntos numéricos. Por ejemplo, la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se
obtiene después de cierto número de operaciones aritméticas establecidas por la ley; si finalmente, la Renta obtenida es de 50.000 euros, la cuota viene determinada aplicando los tipos impositivos previstos en la ley; no hay lugar para disquisiciones argumentativas, porque el derecho concreto (lo que el ciudadano debe pagar al Ministerio de Hacienda) procede directamente de la aplicación mecánica de la ley. Pero no siempre es todo tan fácil.

Un intento de exponer esta complejidad nos lo proporciona Jerzy Wroblewski al indicar que la decisión final que dispone sobre un caso concreto está compuesta por diferentes tipos de decisiones particulares. En primer lugar, es preciso establecer la premisa mayor; para conseguirlo tenemos que determinar cuál es la norma válida aplicable (decisión de validez) y cuál es su significado (decisión de interpretación). En segundo lugar hay que construir la premisa menor, es decir, precisar los hechos del caso (decisión de evidencia).
 Finalmente, hay que llegar a una conclusión subsumiendo los hechos del caso bajo la norma aplicada y determinar sus consecuencias jurídicas (decisión final).

Aunque esas distintas fases de la “aplicación” del derecho pueden separarse con una finalidad analítica, lo cierto es que en la realidad forense no se presentan de manera independiente. Esto tal vez sea un poco difícil de entender, porque normalmente pensamos que el razonamiento discurre de forma necesariamente sucesiva desde el inicio hasta el final. Sin embargo, el razonamiento práctico no suele desenvolverse así.

No tiene un carácter unidireccional desde las premisas hasta la solución. Muchas veces la determinación de las premisas está influida por el posible resultado derivado de esa conformación particular de la premisa. Por ejemplo, el juez puede dudar acerca de la interpretación de una ley; elabora diferentes hipótesis interpretativas que le llevarían a sentencias diferentes; sopesa la calidad de las sentencias hipotéticas a la luz de los principios jurídicos de ese sector del ordenamiento, de la finalidad de la norma, las características del problema, las expectativas sociales, las resoluciones judiciales en casos parecidos, etc. Y una vez seleccionado el resultado más correcto, elige la interpretación conveniente para llegar a ese resultado. Esta idea es fundamental: en la razón práctica, la conclusión puede anteceder a las premisas de la argumentación.

O, por lo menos, influye en la formación de las premisas. Conviene advertir que no siempre ocurre así, pero este modo de proceder más frecuente de lo que parece. A partir de esa advertencia debe ser entendida la explicación que sigue. Aunque las fases de la decisión aparezcan diferenciadas, no pueden ser consideradas
compartimentos estancos; se relacionan entre sí y sobre todo con el resultado del razonamiento. El juez decide acerca de la validez, la interpretación y los hechos con frecuencia tendiendo presente los posibles resultados y efectos de una decisión.